Es 22 de Marzo y como cada año se celebran por todo el mundo multitud de
actos en conmemoración al Día Mundial del Agua anunciando prioridades,
objetivos y logros en este campo.
El suburbio de Kibera, cerca de Nairobi, es como otros muchos suburbios del
mundo. Sin embargo hay una cosa por la que destaca en los informes de expertos
y los anecdotarios periodísticos. Allí la falta de saneamiento adecuado ha sido
solucionada por su población con la creación de una herramienta: los flying toilets. Éstos consisten en
defecar dentro de una bolsa de plástico, que es lanzada después por los aires,
ya sea en zonas de desechos en mitad del suburbio, ya sea en mitad de la calle.
La anécdota, el chiste fácil y escatológico, oculta tras de sí una realidad
dramática que se lleva por delante muchas vidas a lo largo del año en forma de
enfermedades fácilmente mitigables.
El saneamiento es el hermano pobre de los organismos y los departamentos
encargados del agua en el mundo. Siempre ha sido más fácil encontrar
financiador para inaugurar un pozo que unas letrinas. A pesar de ello entró
dentro de la
Resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas por la
que ésta reconocía el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.
La Resolución se tomó allá por 2010, a cinco años de la fecha límite de
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fue quizás por eso que
hoy justo hace un año, el 22 de Marzo de 2012, en el
Día Mundial del Agua, Ban Ki-moon anunciaba que la meta del Milenio de
reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a
servicios básicos de saneamiento se había cumplido. El tiempo apremiaba y los
anuncios de éxito en las políticas globales de agua y saneamiento se debían de
comenzar a realizar… incluso si se tenía que pasar por encima de las cifras.
Lo que en realidad decía
el informe en el que Ban Ki-moon se basaba era que se había conseguido aumentar la
proporción de personas que acceden a una fuente mejorada de agua potable. Entre
fuente mejorada y acceso sostenible, que implica una fuente segura, existe una
gran diferencia que el departamento de prensa del Secretario General decidió
omitir. Cifras más realistas hablan de entre 1.000 y 4.000 millones de personas
que no tienen acceso al agua potable segura actualmente. El Banco Mundial habla
sin tapujos de 3.000 millones (¡la mitad de la población mundial!). En
cualquier caso, se utilicen las cifras que se quieran utilizar, las de Ban
Ki-moon, las del Banco Mundial o las de otros estudios, todos coinciden en
afirmar que África Subsahariana es la región donde más gente se ve privada del
agua potable y de un saneamiento adecuado cada día.
Si nos sentamos a analizar las causas de esta situación más allá del
Sahara, el imaginario colectivo nos llevará a pensar que es la imposición de
políticas del norte sobre el sur lo que impide que África Subsahariana implemente
alternativas al modelo neoliberal. Sin embargo la realidad no es ésta.
Los gobiernos africanos no están
interesados, en general, en ofrecer una alternativa al modelo, sino en sumarse
al mismo. La solicitud de
éstos es, en general, de falta de financiación o de coordinación con los fondos
de ayuda al desarrollo existentes. Esto hace que la respuesta que buscan para
solucionar el conflicto por los recursos hídricos se encamine hacia los modelos
privados.
Sin embargo los resultados de la apuesta por el modelo liberalizador no son
elocuentes. A pesar de su predisposición a contar con capital privado los
gobiernos africanos no logran movilizar la inversión necesaria. Y eso que el
mercado privado internacional de los proyectos medioambientales está en alza y
que se calcula que la producción de las diez cuencas más pobladas del planeta
se prevé aportará en 2050 un cuarto de la producción global.
Los motivos van más allá de la voluntad de apostar por un modelo público o
privado de agua. Los gobiernos africanos están llevando a cabo acciones
paralelas al sistema de agua y saneamiento que hacen peligrar el acceso de la
población en general a éste. Uno de los mayores riesgos viene de la cesión de
tierras para la gran industria agrícola. En lo que se ha dado en llamar un
suicidio hidrológico,
los gobiernos africanos ceden tierras
propias a otros países para el cultivo, eliminando recursos tradicionales de
agua para la población. En
Mali, se calcula que las aguas del río Níger que pasan por el país podrían
irrigar 250.000 hectáreas. Sin embargo el gobierno democrático de antes del
actual conflicto había asignado 470.000 hectáreas de tierra cultivable a
compañías principalmente de Libia, China, Reino Unido y Arabia Saudí.
Podemos comprobar, por tanto, que el mercado privado no está interesado en
invertir en agua y saneamiento en el continente. Tampoco existe una verdadera
voluntad política de priorizar las inversiones públicas en agua y saneamiento,
ni a nivel de los donantes ni a nivel de los gobiernos africanos. La Agencia
Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid) dedicó en 2008 el 46% de la ayuda
en agua y saneamiento a la construcción de pozos, cuyo impacto en el acceso al
agua es extremadamente bajo.
Las prioridades políticas están en la evolución de unas más que
cuestionables cifras. Pero en lugar de preocuparnos por cuántos africanos y
africanas carecen de acceso al agua y al saneamiento y de cómo podemos
maquillar las cifras o establecer objetivos técnicos, carentes de contenido
político, deberíamos asumir que es un problema de desigualdad económica. El 20%
más pobre tiene una probabilidad veinte veces mayor de defecar al aire libre
que el 20% más rico. Queda claro, pues, que el acceso al agua y al saneamiento
depende de lo desigual que es una sociedad. Que la necesidad más acuciante
consiste en la construcción de una democracia de base y la necesidad de
realizar un reparto de la riqueza a través del cual el Derecho Humano al agua y
al saneamiento sea posible.
Este artículo fue publicado originalmente en El Europeo.
